27/02/2026
El impago de servicios de taxi, conocido popularmente como ‘simpa’, puede acarrear consecuencias mucho más graves de lo que muchos usuarios imaginan. Así lo ha explicado el abogado y ex taxista Marco Antonio Navarro, quien ha detallado el mecanismo legal que puede transformar una simple multa por no abonar una carrera en una pena de privación de libertad. Según expuso, el procedimiento se activa cuando el condenado no paga ni la multa impuesta ni la responsabilidad civil correspondiente al servicio prestado.
El truco fue desvelado en la sección ‘A Ciegas’ del programa Herrera en COPE, conducido por Alberto Herrera. En ese espacio, la periodista María José Navarro relató el caso de un taxista de Madrid que sufrió tres impagos en una sola mañana, una situación que, según los propios profesionales, se repite cada vez con mayor frecuencia en distintas ciudades. Para analizar las consecuencias legales de estos hechos, el programa contó con la intervención de Marco Antonio Navarro, abogado especializado en la defensa de taxistas en Zaragoza y antiguo profesional del volante durante una década.
Tal y como explicó el letrado, cuando el importe de la carrera no supera los 400 euros, el impago se tramita como un delito leve de estafa. En los juzgados de Zaragoza, la condena habitual suele consistir en una pena de multa de uno a tres meses, con una cuota diaria de seis euros. Sin embargo, la clave reside en lo que ocurre si el infractor no abona esa sanción económica ni la cantidad debida al taxista en concepto de responsabilidad civil.
Navarro recordó que el juez tiene la potestad de transformar la multa impagada en días de prisión, en aplicación del artículo 53 del Código Penal. Según detalló, una multa de un mes puede convertirse en 15 días de privación de libertad. De hecho, aseguró que más de diez personas han ingresado en el centro penitenciario de Zaragoza por no pagar una carrera de taxi tras incumplir también la multa impuesta judicialmente.
El abogado subrayó además la importancia de interponer denuncia en todos los casos. A su juicio, más allá del importe económico, lo relevante es evitar la sensación de impunidad y la falta de respeto hacia el trabajo del taxista. Recordó que este tipo de delito solo se persigue a instancia de parte, por lo que si no hay denuncia no se inicia el procedimiento. También defendió el uso de cámaras de seguridad como herramienta disuasoria y probatoria, destacando que en Zaragoza más de 800 taxis ya disponen de estos dispositivos.
